Los procederes de la autoridad

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Los procederes de la autoridad. (por Gabriel Carrizo)
Sabido es que durante el fin de semana, como viene ocurriendo habitualmente, hubo varios procedimientos en los que la policía de tránsito secuestró diversos vehículos.
Algo singular fue lo que le sucedió a una vecina, a quien le secuestraron la motocicleta en la que circulaba, alegando los funcionarios intervinientes que ello tenía lugar por la falta de documentación y una luz.
Lo curioso del caso es que el personal que llevó adelante el procedimiento en ningún momento se identificó, así como tampoco se formuló acta alguna notificando, como corresponde, respecto de la infracción. Es decir, que la vecina nunca supo quién se llevó el rodado, ni a dónde, y tampoco se le extendió una constancia del procedimiento a los fines de que la misma pudiera dirigirse a las autoridades pertinentes.
Pueden quienes realizan los operativos de tránsito proceder de esta forma? Es legal secuestrar un bien sin orden judicial? Es lícito quitarle el vehículo a alguien sin siquiera extender un acta de infracción? Es aceptable que se presione a un vecino a entregar su rodado bajo amenaza  de iniciarle una causa penal por resistencia a la autoridad? Debe el ciudadano, además, tolerar que estas conductas tengan lugar sin siquiera identificarse el personal policial? Acaso no es legal y moralmente reprochable que el gobierno local acepte este tipo de comportamientos de sus agentes?
El derecho de propiedad es un pilar fundamental del sistema legal argentino. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 17, establece: “La propiedad privada es inviolable, y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.
Cabe entonces preguntarse: Puede una disposición provincial o municipal contradecir a la propia Constitución Nacional? La respuesta cae de madura.
Está claro que las infracciones de tránsito deben ser penadas y abonarse las multas correspondientes por parte de los infractores. Eso sí, siempre manejándose dentro de la ley, respetando los derechos constitucionales de las personas, sin proceder con abuso de autoridad, y mucho menos coaccionar al vecino con amenazas, lo cual no es una contravención, sino lisa y llanamente un delito regulado en el código penal.
Es realmente increíble que a estas alturas de nuestra democracia los ciudadanos deban sufrir este tipo de atropellos contra sus derechos individuales consagrados en la Constitución Nacional. También es lamentable y vergonzoso que las autoridades municipales, en afán de engrosar su recaudación, permanezcan indiferentes y avalen este tipo de conductas al margen de la ley.
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